Diputado Jorge Soto acusa al Gobierno federal de ocultar información y encubrir actos de corrupción
Chihuahua, 11 de junio de 2025 — En una firme intervención ante el Congreso del Estado, el diputado local Jorge Soto Prieto (PAN) acusó al Gobierno de la República de incurrir en prácticas sistemáticas de opacidad, encubrimiento de corrupción y contradicción en su política de transparencia. Sus declaraciones se producen tras un exhorto parlamentario que buscaba demandar mayor claridad en el uso de recursos públicos federales.
📣 Señalamientos directos a la Federación
Soto Prieto sostuvo que el actual gobierno federal ha ocultado información sensible sobre contratos y adquisiciones públicas, especialmente en áreas clave como salud, vivienda y desarrollo social. El legislador apuntó que muchas de las adjudicaciones están clasificadas como reservadas, impidiendo la fiscalización adecuada por parte de los ciudadanos y órganos de control.
En particular, mencionó el caso del empresario Amílcar Olán, presuntamente beneficiado con contratos millonarios por la compra de medicamentos en el sector público. Olán ha sido vinculado públicamente con Andy López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha encendido focos rojos en la opinión pública sobre posibles conflictos de interés.
“Es evidente que hay un encubrimiento institucional; los órganos federales están siendo usados como escudos para evitar que se conozca la verdad sobre cómo se manejan los recursos públicos”, afirmó el legislador panista.
🏥 IMSS‑Bienestar bajo sospecha
Otro de los señalamientos recayó sobre funcionarios del programa IMSS‑Bienestar, quienes —según Soto— estarían siendo investigados por presuntas irregularidades en procesos de compra y asignación de insumos. Aunque el legislador no presentó pruebas durante su intervención, exigió que se abran investigaciones formales y se publiquen los contratos implicados.
La opacidad en dicho programa ha sido una constante crítica desde su implementación, particularmente en lo referente a la distribución de medicamentos y cobertura en zonas marginadas.
🏘️ Incongruencias en política social: el caso de la vivienda
El diputado también aludió a las declaraciones de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), donde se promueve como solución social la construcción de casas de apenas 60 metros cuadrados para personas en situación de vulnerabilidad. A su juicio, esto contradice el discurso oficial de justicia social y evidencia una visión reduccionista de los derechos básicos.
“Es incongruente que el mismo gobierno que promete acabar con la pobreza esté promoviendo viviendas de interés social que apenas ofrecen condiciones dignas para una familia”, dijo el diputado.
📜 Exhorto y respuesta legislativa
Las declaraciones se enmarcaron en el contexto de un exhorto promovido desde el Congreso de Chihuahua, que exigía a la Federación mejorar los mecanismos de acceso a la información pública. Soto lamentó que, en lugar de atender la solicitud, se haya generado un debate político centrado en descalificaciones, lo cual —según él— refleja la cerrazón del gobierno ante la rendición de cuentas.
⚖️ Marco legal y exigencias ciudadanas
En México, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece la obligación de todas las entidades federales de publicar y facilitar el acceso a sus contratos, licitaciones, adjudicaciones directas y convenios. No obstante, desde 2022, diversos organismos ciudadanos han denunciado una creciente tendencia a reservar información clave, argumentando motivos de “seguridad nacional” o “interés público”.
Soto Prieto sostuvo que estas prácticas vulneran los principios fundamentales del sistema democrático. “Cuando el gobierno oculta, no gobierna; impone. Y cuando encubre la corrupción, no representa al pueblo, se protege a sí mismo”, expresó.
📌 Conclusión
Las acusaciones vertidas por el diputado Jorge Soto reavivan el debate sobre la transparencia institucional en México y exigen respuestas puntuales por parte del Gobierno federal. Más allá del ámbito partidista, se pone en el centro de la discusión la necesidad de garantizar el derecho ciudadano a saber cómo se utilizan los recursos públicos y quiénes se benefician de ellos.
Enfoque Real CUU continuará dando seguimiento a este tema, incluyendo reacciones de las dependencias señaladas y posibles acciones legales derivadas.